Duro plan de austeridad español forzado por Bruselas

Publicado hoy en el diario "La Vanguardia".

Los sindicatos rechazan las medidas y anuncian movilizaciones

Zapatero baja el sueldo de los funcionarios un 5% desde junio y congela las pensiones
El presidente del Gobierno reconoce que el plan urgente afectará al crecimiento a corto plazo y estancará la economía | Blanco anuncia que toda la obra pública se retrasa entre 6 meses y un año hasta el 2013 | La oposición exige al Gobierno recorte de ministerios, copago y disciplina presupuestaria


MAR DÍAZ-VARELA | Madrid | 12/05/2010 | Actualizada a las 13:05h | Política
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció un duro ajuste impuesto por la Comisión Europea para garantizar la estabilidad de la moneda europea. Por esta razón anunció un "duro ajuste" y pidió "un esfuerzo nacional colectivo y también equitativo". Las circunstancias le han obligado a recortar el gasto social. En concreto, Zapatero ha anunciado un recorte a partir de junio de un 5 por ciento del salario de los funcionarios públicos y la congelación a partir de 2011. También se suspenderá en 2011 la revalorización de las pensiones, excepto las no contributivas y las mínimas. Además, se suprimirá a partir del 1 de enero de 2011 el denominado cheque-bebé, la prestación de 2.500 euros por nacimiento.

Toda la oposición, excepto los partidos de izquierdas, le ha reclamado medidas adicionales como recorte de ministerios, copago y disciplina presupuestaria. Los mercados han reaccionado con una subida de la Bolsa de medio punto que ha recuperado los 10.000 puntos. Los sindicatos han rechazado el ajuste y han anunciado movilizaciones.

El anuncio del ajuste ha venido precedido por la llamada del presidente de EE.UU. Barack Obama y del presidente Chino, Hu Jintao. Los economistas del Fondo Monetario Internacional se encuentran en Madrid para analizar la situación de la economía española. La razón de la presión internacional obedece, como reconoció el propio presidente Zapatero en la tribuna, a la falta de confianza en que el Estado español pueda hacer frente a los compromisos de pago de la deuda pública. Este es el motivo por la que durante el fin de semana se habilitó un fondo de rescate dotado con 750.000 millones para atender a estos pagos si fuera necesario.

España se había colocado entre los cinco países del mundo (junto a EE.UU. Reino Unido e Irlanda) con un déficit público superior al 10%, tras alcanzar el 11,2% del PIB al finalizar el 2009 como denunció ayer el propio gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Hay que tener en cuenta que el déficit público es una acumulación de deuda, originada en buena parte porque el gasto se ha mantenido a pesar del desplome de los ingresos y esta situación se ha visto agravada por el gasto adicional en planes de estímulo económico.

Con este ajuste el presidente del Gobierno y la vicepresidenta Elena Salgado han tenido que reconocer que su estrategia de que el crecimiento económico y los ingresos adicionales obtenidos con el mismo resolverían el problema. La Comisión Europea le ha obligado a poner freno al gasto estructural y adelantar la reducción prevista del déficit. Por eso ha recortado un 35% todas las partidas de gasto. El ajuste supone la reducción del déficit del 11,2% al 6% en dos años, lo que supone un 5,2% que en términos monetarios supone más de 50.000 millones de euros. Esto significa acercar el déficit español al nivel medio de la zona euro con el fin de dar estabilidad a la moneda europea.

El presidente reclamó la colaboración de las autonomías, al recordar que el 20% del gasto es responsabilidad del Estado, el 35% es responsabilidad de las comunidades autónomas. El resto son gastos de la Seguridad Social.

El segundo punto en que el presidente y la vicepresidenta Salgado han tenido que dar marcha atrás es en la modificación de las previsiones del cuadro macroeconómico. La vicepresidenta había dicho en los últimos días que no habría que cambiar el escenario de crecimiento y el presidente había insistido en que la reducción del déficit no afectaría al crecimiento. Pues bien, en el turno de respuesta el presidente reconoció que "afectará al crecimiento a corto plazo". El Gobierno había previsto un decrecimiento del PIB de -0,3% del PIB en 2010. Esto significa que la economía se aproximará al crecimiento cero o al estancamiento.

Salario de los funcionarios
La principal medida de ajuste es el recorte de las retribuciones de los funcionarios. Será del 5% de media para 2010 y se aplicará de forma progresiva para que afecte menos a quienes menos salario cobran hasta los altos cargos para los que la rebaja será del 10%, como anunció La Vanguardia.

Esta medida obliga a replantear el acuerdo de subida salarial firmado por la vicepresidenta De la Vega en septiembre en que se comprometió con los sindicatos a subir el salario de los funcionarios igual que la inflación e incrementar su fondo de pensiones.

El Gobierno convocó con carácter de urgencia previo a la reunión prevista de la Mesa de la Función Pública (donde están representados los sindicatos y la administración), que se encuentra reunida desde primera hora de la mañana, para comunicarles el ajuste. En principio, no afectará a los funcionarios "mileuristas" y para los miembros del Gobierno el recorte será del 15%, lo que supone 800 euros menos al mes como explicó el ministro de Fomento, José Blanco. Esta iniciativa supone cerca de 4.500 millones de euros.

Recorte del gasto social
La segunda gran medida de ajuste es el recorte de las pensiones, excluyendo las pensiones no contributivas. Esto supone un ajuste del gasto en torno a los 1.500 millones de euros. Este ajuste no se incluye directamente en los presupuestos del Estado, sino en los de la Seguridad Social. Es decir, que contribuirán a garantizar su superávit, que a su vez permitirá reducir el défícit del conjunto de administraciones públicas. Si bien lo más importante es que supone que el presidente se ha visto obligado a traspasar una "línea roja" al tener que recortar el gasto social, que representa el 52% del gasto consolidado del Estado.

Además, se eliminará el "cheque bebé" que representa una deducción fiscal de 2.500 euros a todas las madres y tenía un coste fiscal de unos 1.300 euros.

También se adelantan las medidas que se habían adoptado para eliminar las jubilaciones parciales, que afecta a unas 30.000 personas. Esto significa que se adelanta la legislación para favorecer los contratos de reemplazo y crear empleo.

Obras aplazadas
El ministro de Fomento José Blanco, anunció en los pasillos que se retrasa entre 6 meses y un año toda la obra pública. La inversión se recortará en 6.045 millones.

Además, se han adoptado medidas para controlar el gasto en medicinas.

Rechazo sindical
Los sindicatos, como estaba previsto, han rechazado el ajuste y han anunciado movilizaciones. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que afectará a miles de familias y ha reclamado una subida de impuestos.

Los sindicatos conocían el ajuste del Gobierno y mostraron la ruptura con la nueva estrategia del Gobierno el pasado 1º de Mayo. Cuando le advirtieron del riesgo que corría "si se echaba en brazos de los mercados". Ayer dijo en la SER que significan una "quiebra del discurso del Presidente, un cambio de escenario en las relaciones con las organizaciones sindicales". Asimismo, ha manifestado que confía que el ámbito del diálogo social "que desarrollamos con la patronal en materia de cambios en el mercado de trabajo no se vea afectado, pero lo veo muy difícil".

Publicado hoy en el diario "La Vanguardia".

Los sindicatos convocan una huelga general de funcionarios para el 2 de junio en protesta por los ajustes del Gobierno
Los líderes sindicales manifestaron la posibilidad de llamar a un paro general por unas medidas que a su juicio tendrán un efecto demoledor para la economía y que sólo provocarán más paro | Para UGT y CCOO, el ajuste propuesto por Zapatero restringe el marco para un acuerdo en la reforma laboral | El presidente del Gobierno descarta incrementos de impuestos a las rentas más altas para compensar las medidas de ajuste social

Mar Díaz-Varela | Madrid | 13/05/2010| Actualizada a las 17:25h | Política
La ruptura entre el Gobierno y los sindicatos es un hecho. Así lo constataron los secretarios generales de CC.OO. Ignacio Fernández Toxo y de UGT, Cándido Méndez, en la reunión que mantuvieron durante algo más de dos horas con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y en la que le manifestaron su "absoluto rechazo" al ajuste anunciado que supone bajar un 5% de media l salario de los funcionarios y congelar las pensiones en 2011.

Los recortes se aprobarán en el Consejo de Ministros de la próxima semana

Los recortes del gasto público anunciados ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, serán aprobados por el Consejo de Ministros el próximo 21 de mayo, previsiblemente a través de un decreto ley que reformará, entre otras, la ley de presupuestos. Según han adelantado fuentes del Ejecutivo, será también ese viernes cuando llegue a la mesa del Consejo el techo de gasto presupuestario para 2011, así como el cuadro macroeconómico en el que se basará.

Un cuadro que cambiará porque Zapatero ya advirtió ayer en el Congreso de que, a causa de los recortes, el Ejecutivo tendrá que revisar "unas décimas a la baja" su previsión de crecimiento para el año que viene, que situaba en el 1,8 por ciento. El Gobierno estudia todavía cómo articular los variados recortes en un decreto ley que entraría en vigor de manera inmediata y que podría implicar la reforma de varias leyes.

Grave y circunspecto, Méndez dijo no estar afectado emocionalmente. "Se ha producido un cambio de escenario en las relaciones como consecuencia de la ruptura de un acuerdo firmado y porque el presidente del Gobierno ha quebrado su discurso político".

Los órganos de dirección de ambos sindicatos evaluarán mañana el ajuste y decidirán su respuesta. De entrada descartan una huelga general "hasta conocer el alcance de las medidas". Esto significa que se limitarán a apoyar la huelga general que realizarán los sindicatos de la función pública en la primera semana de junio. Este mismo jueves, la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) ha convocado una huelga general en el sector público para el próximo 2 de junio contra el recorte salarial anunciado por el presidente del Gobierno.

Sobre una posible huelga general, los sindicatos alegan que "sería irresponsable echarse por la vía de en medio y convocar una huelga general para cubrir el expediente, contribuir al deterioro de la situación y hacer el juego a los que quieren hacerla".

Al término de la reunión, tanto el secretario general de UGT como el de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, han coincidido en manifestar su oposición a las medidas de ajuste anunciadas y en augurar que el efecto será "demoledor para la economía y el empleo" y que "no se van a poder cumplir las cifras de crecimiento y por lo tanto habrá más paro". Toxo ha ido más allá y ha sido más explícito en no descartar la convocatoria de un paro general.

El secretario general de CCOO aseguró que las centrales "estudian un proceso de movilización, como ya hay en el sector público, que puede derivar en una convocatoria de paro general". Dijo que dicha convocatoria de huelga general se iría concretando con las organizaciones sectoriales mientras los sindicatos estudian "la necesidad del tipo de acciones".

No habrá subida de impuestos
Tal como explicaron, el presidente del Gobierno ha descartado la posibilidad de que el ajuste de gastos sociales se compense con subidas de impuestos a los más ricos. "las conversaciones sobre ese tema transcurrieron sobre planos diferentes que nunca se juntaron", explicó Méndez. Toxo puntualizó que ha quedado claro que no habrá reforma impositiva en el decreto ley que aprobará el gobierno el próximo jueves.

Reforma laboral
En cuanto a la reforma laboral, los secretarios generales afirmaron que el ajuste "restringe los márgenes del acuerdo". No obstante, descartan que se vaya a aprobar mediante un decretazo y esperan llegar a un acuerdo en los próximos días porque son conscientes de que es una reforma urgente. Toxo dejó claro que tras el ajuste ya no cabe atender a la demanda de CEOE de bajar cotizaciones.

Méndez aseguró que es "muy importante" alcanzar un acuerdo en la reforma del mercado de trabajo, pero que los sindicatos "no ignoran" que estas medidas "no ayudan e incorporan mayores dificultades en el entorno de este proceso". "El factor de equilibrio en las negociaciones es importante para que unos y otros seamos receptivos con las propuestas, y este paquete (para reducir el déficit público) desestabiliza el clima de la negociación", aseveró, tras añadir que, pese a todo, los agentes sociales trabajan de manera casi permanente y con toda voluntad.

A este respecto, Fernández Toxo dijo que el "campo de actuación se ha estrechado" y que confía en que nadie se plantee pedir una reducción en las cotizaciones sociales que pagan los empresarios. No obstante, consideró que, de haber un acuerdo, que en su opinión es necesario, debería cerrarse "en los próximos días".

Rota la confianza
Para los sindicatos se ha roto el clima de confianza y el equilibrio que reinaba en el diálogo social. Como afirmó Méndez se ha incumplido un acuerdo firmado con el sindicato de la función pública.

En este sentido, el secretario general de UGT manifestó que el procedimiento emprendido por el Gobierno a través del decreto ley "se cobra dos víctimas: el diálogo social y el consenso parlamentario del Pacto de Toledo", y en línea con Toxo, alertó del efecto dominó que puede provocar la iniciativa gubernamental. "Se puede conseguir el efecto contrario del que se pretende conseguir. Con estos sacrificios se va a retrasar la recuperación económica y va asubir el nivel de desempleo", reiteró.

Toxo puso énfasis en la gravedad de la situación que ha adoptado el Gobierno para tratar de reducir los efectos de la crisis económica y recalcó que "es la primera vez que en España se bajan los sueldos de los funcionarios", algo que traerá las consecuencias contrarias a las pretendidas, según el líder sindical, para quien el efecto será "demoledor para la economía y el empleo". Toxo auguró que "no se van a poder cumplir las cifras de crecimiento y por lo tanto habrá más paro". y todo a costa de un "recorte drástico y durísimo que afectará a millones de personas".

Huelga de los funcionarios
Después de que Zapatero no haya podido convencer a los responsables sindicales, el anuncio de la huelga no se hizo esperar, y pocos minutos después de la reunión, el Consejo General de la FSP-UGT emitía un comunicado anunciando el paro para el próximo 2 de junio. Según la nota, la huelga general iría precedida de movilizaciones y protestas que comenzarían el próximo 20 de mayo como rechazo a la rebaja del 5 por ciento de los salarios de los empleados públicos decidida por el Gobierno.

La decisión de convocar la huelga, adoptada por el Consejo General de la FSP-UGT esta mañana, "trata de hacer frente a la situación generada por una agresión sin precedentes y que significa el incumplimiento de un acuerdo en vigor que ya contemplaba el escenario económico de crisis".

La central sindical ha señalado que propondrá a otros sindicatos que se unan a las movilizaciones propuestas, que empezarán el 20 de mayo, el día en que se tramitará en el Congreso el decreto de recorte salarial, con concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y otras iniciativas.

Zapatero muestra su "respeto" por las posibles movilizaciones
En un breve comunicado, la Presidencia del Gobierno explica que Zapatero "escuchó con atención" los argumentos discrepantes contra el nuevo ajuste fiscal mostrados por Ignacio Fernández Toxo y de Cándido Méndez, durante la reunión mantenida esta tarde en Moncloa.

El presidente, añade la nota, les "expresó su respeto hacia sus posiciones y las decisiones que adopten". Zapatero expuso a Toxo y Méndez las medidas que ayer anunció en el Congreso, entre las que está la bajada de los salarios del sector público, la congelación de las pensiones o la retirada del cheque-bebé.