REFERÉNDUM.INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA

Dura e innecesaria represión policial en Cataluña con un balance de más de setecientos.heridos y contusionados, 33 pertenecientes a las fuerzas de orden público.

El grueso de la ciudadana no entendemos  por qué de la aplicación de esas medidas, cuando bastaba con no reconocer  oficialmente la validez de ese referéndum, según lo marcado por los requisitos de la Convención de Venecia.

Aguardamos explicaciones y exigimos diálogo y pactos.

Publicado hoy en el diario "El País"

El independentismo catalán decidió este viernes finalmente dejar de asomarse al abismo y arrojarse directamente a él, en busca de un enfrentamiento descarnado con el Estado. El bloque secesionista aprobó, después de otro pleno en el que las peticiones de la oposición para intentar frenar una votación ilegal fueron ignoradas, la puesta en marcha de un proceso constituyente, y proclamó “la república catalana, como Estado independiente y soberano”. Minutos después, el Senado autorizaba al Gobierno—con la mayoría aportada por el PP, el PSOE y Ciudadanos—a aplicar las medidas del artículo 155. Mariano Rajoy reunió un Consejo de Ministros extraordinario para tomar el control de la Generalitat, disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.

Si quedaba alguna esperanza de lograr a última hora una solución a la crisis, se desvaneció este viernes a mediodía cuando se conoció la resolución que Junts pel Sí y la CUP habían redactado para llevar al pleno del Parlament. Esta vez ya sin subterfugios legales o semánticos, el texto expresaba negro sobre blanco la voluntad de llevar adelante una República catalana independiente y soberana; y detallaba los pasos necesarios para impulsar el proceso constituyente que diseñó y anticipó la Ley de Transitoriedad Jurídica suspendida por el Tribunal Constitucional. Nada más conocer el contenido de esa resolución tajante del bloque independentista, el PSOE desistió de su intento de enmendar en el Senado, proponiendo su suspensión en caso de elecciones, la aplicación del artículo 155.


RECHAZO GENERALIZADO A LA SECESIÓN

Fiscales. Las tres asociaciones de fiscales expresaron su “frontal repulsa” al “ataque al Estado de derecho” por declarar unilateralmente la independencia de Cataluña (DUI) y recalcaron que se mantendrán fieles a la Constitución y al Estado de derecho.

PSOE. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, envió un mensaje de “confianza”: “Prevalecerá la unidad de España, no se concibe España sin Cataluña ni Cataluña sin España”. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, calificó de “triste” lo ocurrido y se mostró convencida de que “la legalidad volverá a Cataluña”. El presidente asturiano, Javier Fernández, subrayó que el 155 “no es una opción, es una obligación”.

PP. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, dijo que “los sediciosos no descuartizarán España” y que el artículo 155 de la Constitución “rescatará a Cataluña del delito”. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se mostró “entristecida”, y aseguró que el Estado de derecho “prevalecerá”.

Ciudadanos. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, hizo un llamamiento a restaurar la legalidad en Cataluña con “serenidad, firmeza democrática y sin complejos”, como tras el 23-F.

UGT. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, exigió "política de altura" para salir de la situación.

Podemos. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que “no había derecho” a la declaración de independencia y subrayó que su formación seguirá defendiendo un “referéndum pactado”. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recordó que “la DUI no cuenta con el apoyo mayoritario de los catalanes”.

Izquierda Unida. El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, aseguró que la DUI “carece de valor jurídico”, es “una irresponsabilidad” y supone “una provocación”.

EH Bildu. El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó que Cataluña ha demostrado que “construir un Estado en la Europa del siglo XXI” es posible y, por tanto, también se puede hacer en Euskadi “si hay voluntad política”

La aparente doble legalidad que los secesionistas habían intentado llevar adelante en los últimos meses se convirtió este viernes en una doble realidad. Mientras Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a los que apenas les quedaban unas horas como presidente y vicepresidente de la Generalitat, celebraban con júbilo en las escalinatas del Parlament la proclamación de la independencia —tras la votación en el pleno—, rodeados de los principales protagonistas del desafío independentista, y cantaban una vez más a coro Els Segadors, el Senado aprobaba en Madrid la autorización al Gobierno para que aplicara las medidas necesarias para intervenir la Generalitat, bajo el paraguas del artículo 155. Lo hacía con la amplia mayoría aportada por el PP, el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria.

No hubo aplausos al final del pleno del Senado. Los parlamentarios del PP, que durante la intervención inicial del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habían mostrado un entusiasmo que no se correspondía con la gravedad del momento, acabaron contagiados del vértigo que se había apoderado de toda la Cámara alta. Esta vez iba en serio, y la respuesta del Estado a la insurrección catalana se puso en marcha a una velocidad y un ritmo claramente superior al del duelo legal sostenido entre Madrid y Barcelona en los últimos meses. El Boletín Oficial del Estado tardó apenas tres horas en publicar el acuerdo del Senado, y el Consejo de Ministros fue convocado en sesión extraordinaria a media tarde para cerrar de inmediato el paréntesis de desafío abierto por el Parlament con su resolución de independencia.

El Gobierno de Rajoy, tal y como había anunciado cuando finalmente emprendió el camino del 155, ordenó el cese inmediato de Puigdemont, Junqueras y el resto del Govern; aprobó las decisiones necesarias para tomar el control efectivo de la Generalitat y la Administración catalana; y anunció, en un movimiento inesperado, la decisión de disolver de inmediato el Parlament y convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre. Era el modo más eficaz y rápido, explicó más tarde el presidente, para restaurar la legalidad y la normalidad institucional en esa comunidad. Consciente de que esta vez ya no era posible un error, Rajoy preparó también una respuesta jurídica al texto aprobado por los diputados independentistas catalanes. El Ejecutivo aprobó por ello también la presentación inmediata de un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional con el propósito de suspender, y en último término anular, la declaración de independencia.

Sin apoyo internacional

Miles de personas con banderas esteladas se iban concentrando a lo largo de la tarde en la Plaza de Sant Jaume, ante la sede de la Generalitat, para celebrar la proclamación de la república catalana. Su júbilo, sin embargo, no sorprendió esta vez a nadie, ni fue correspondido por las instituciones y Estados de la comunidad internacional a los que el independentismo había reclamado atención y apoyo en los últimos meses. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, fue el primero en dejar claro que nada había cambiado desde la óptica de las instituciones comunitarias, y que su único interlocutor válido era España. La misma contundencia mostraron en cascada los Gobiernos de Alemania, Francia y EE UU.

No fallaron a Mariano Rajoy ni los respaldos internacionales ni sus dos aliados imprescindibles para llevar adelante en los próximos meses la respuesta del Estado a la crisis: el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, condenaron con rotundidad la insurrección perpetrada en el Parlament y el compromiso del Gobierno de frenarla. “La unión entre compatriotas prevalecerá. Cataluña seguirá siendo España”, dijo Sánchez poco después de conocerse la decisión del Senado.

Durante todo este tiempo, Rajoy ha establecido como prioridad indispensable ir de la mano de los socialistas en cada paso adoptado, y hasta el momento, a pesar de que surgiera alguna sombra de fractura ante determinadas decisiones —especialmente, a la hora de intentar dar una última salida a Puigdemont a través de la convocatoria de elecciones autonómicas—, la alianza de los dos principales partidos españoles se ha mantenido firme. Junto a ellos también se ha mantenido sin fisuras Ciudadanos. Rajoy quiso anoche expresar su agradecimiento por ese apoyo a Sánchez y a Rivera.

El primer desafío vendrá directamente de la calle. Los responsables del intento de secesión trasladaron la antorcha de su ofensiva a los ciudadanos partidarios del independentismo en Cataluña, conscientes de que ellos iban a perder de inmediato el poder —por aplicación del 155— y la amplificación de sus propósitos que hasta ahora les ha otorgado estar al frente de las instituciones y dirigir desde ellas su ataque al Estado. Las asociaciones independentistas, en especial la ANC, recogieron el guante de inmediato e hicieron los primeros llamamientos a la movilización. El mismo sindicato minoritario que había intentado en días previos poner en marcha una larga huelga general convocó de nuevo a un “paro de país” que no contó con el respaldo de las principales centrales.

Rajoy se esforzó en su comparecencia, a última hora de la tarde, a la vez que anunciaba todas las medidas que se disponía a poner en marcha, en transmitir un mensaje de tranquilidad y de firmeza. “El Estado tiene medios suficientes”, dijo, “para recuperar la normalidad legal y disolver las amenazas”.

El Gobierno se ha adentrado en territorio ignoto al activar, por primera vez en democracia, el mecanismo de coerción constitucional del 155. Ante la incertidumbre que se abre, Rajoy decidió finalmente acelerar al máximo la vuelta a la normalidad con la fórmula que todos los actores políticos, económicos y sociales que respaldan al Estado reclaman: convocar a los catalanes a las urnas, bajo la ley, con garantías, neutralidad y sin urnas clandestinas

Mi opinión: Es difícil que la Unión Europea acepte la creación de la República Catalana, porque ello supondría un precedente muy peligroso en la UE, dado que muchos de los países miembros contemplan problemas parecidos en sus territorios: En Francia, corsos y bretones, aparte de que también tienen territorio catalán y vasco. En Alemania, Baviera, que ya ha asomado en alguna ocasión su tendencia indepedentista. En Bélgica, los Valones, en Italia la Liga Norte etc. Precisamente el espíritu de la Unión Europea fue terminar con los nacionalismos que tanta sangre han causado en siglos anteriores.

Posiblemente, no obstante, unas elecciones autonómicas en Cataluña, después de lo sucedido en las últimas semanas, nos den una respuesta clara de cuál es la posición de la ciudadanía catalana en su totalidad.

Damablanca.

Publicado hoy en el diario "La Vanguardia"

Los ocho miembros del Govern cesados, para los que la juez de la Audiencia Nacional (AN), Carmen Lamela, ha decretado prisión preventiva incondicional, acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, ya han ingresado en las distintas cárceles a las que han sido asignados alrededor de las 19.35 horas de este jueves.

A pesar de que inicialmente se había difundido que los consellers serían dispersados en distintas prisiones, finalmente se ha optado por que todos los consellers hombres entren en la prisión de Estremera, situada en la misma ciudad de Madrid, y las dos conselleres lo hagan en la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco, a unos 40 kilómetros de la capital española. Culmina para ellos un día aciago que comenzó de buena mañana cuando declararon ante Lamela en la sede de la AN en Madrid.


Imagen inédita: trasladados en varias furgonetas de la Guardia Civil, que llevaban las sirenas encendidas, los nueve consellers han arribado a las cárceles en las que hoy pasarán su primera noche. Finalmente, en Estremera han ingresado el vicepresidente Oriol Junqueras; el conseller de Interior, Joaquim Forn; el conseller de Exteriors, Raül Romeva; el conseller de Presidència, Jordi Turull; el conseller de Territori, Josep Rull; el conseller de Empresa, Santi Vila; y el conseller de Justícia, Carles Mundó. En Alcalá-Meco, han ingresado la titular de Treball, Dolors Bassa, y la de Governació, Meritxell Borràs.

Cuatro miembros del Govern destituido, incluido el president Carles Puigdemont, están en estos momentos en Bruselas y no han acudido a la citación para declarar ante la magistrada. El Fiscal ya ha pedido para Puigdemont y los consellers Antoni Comin (Salut), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Ensenyament) y Lluís Puig (Cultura) una orden europea de detención y corresponderá a las autoridades tramitar tanto su posible arresto como su extradición. La juez todavía no ha resuelto la petición pero todo hace pensar que mañana emitirá la orden internacional.

El único que puede eludirla es el ex conseller Santi Vila, para quien la magistrada ha decretado prisión provisional bajo una fianza de 50.000 euros. Vila, que dimitió el día anterior a que el Parlament declarara la independencia, se ha desmarcada de la estrategia de defensa del resto de sus ex compañeros al contratar otro abogado y acceder a la responder a las preguntas del Fiscal.

Publicado hoy en el diario "La Vanguardia"


Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers han finalizado su declaración poco después de las 20:40 horas de este domingo. Todos ellos se han entregado a primera hora de esta mañana y han sido interrogados a petición propia por un juez de instrucción neerlandófono, según ha avanzado el portavoz de la Fiscalía belga en Bruselas primera hora de la mañana

Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí tenían la posibilidad de “elegir entre el francés y el neerlandés” para el procedimiento. Todos ellos se han decantado por la lengua de Flandes, a pesar que ninguno de ellos habla esta lengua y sí el francés. Así pues, el procedimiento requerirá un traductor neerlandés-español que asista a los acusados.

Última hora: Puigdemont y sus cuatro ex-consellers han sido puestos en libertad con medidas cautelares y con la obligación de permanecer en Bélgica hasta que se resuelva la orden de detención.

Damablanca.

Publicado hoy en el diario El País:

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó anoche prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, presidenta del Parlament y pieza clave en el procés separatista catalán. Tras una jornada maratoniana en la que declararon como investigados por rebelión Forcadell y otros cinco miembros de la última Mesa de la Cámara, Llarena tomó su decisión al borde las 10 de la noche. El juez dictó libertad bajo fianza de 25.000 euros para cuatro de ellos y la libertad del quinto. Para rebajar las elevadas medidas cautelares que había solicitado la fiscalía, incluyendo prisión incondicional para Forcadell y otros tres acusados, todos ellos se comprometieron a hacer política sin incumplir la Constitución.

La previsión era que el Supremo podía adoptar medidas menos lesivas de las que tomó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando citó la semana pasada a los exmiembros del Govern que no han huido a Bruselas y envió a prisión incondicional a ocho de ellos. Y así fue. Lo cierto es que la estrategia de los miembros de la Mesa del Parlament resultó diametralmente distinta. Mientras los exconsejeros (salvo Santi Vila) se negaron en su comparecencia a responder al fiscal y a la magistrada, los miembros de la Mesa del Parlament sí aceptaron ayer contestar a todas las partes. En sus testimonios dijeron acatar el artículo 155 de la Constitución y afirmaron que la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlament el 27 de octubre tuvo solo un valor “simbólico” y carecía de efectos jurídicos.

Aunque el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, había sugerido hace unos días en una entrevista en la SER que el futuro procesal de los diputados encausados podía ser diferente del de los exconsejeros si aceptaban declarar, a la fiscalía no le convencieron los argumentos de los investigados y pidieron a Llarena que enviase a prisión incondicional a cuatro de ellos: Forcadell; Lluís Maria Corominas, miembro de la Mesa hasta julio y último presidente del grupo de Junts pel Sí, y los también miembros de la Mesa y diputados de ese mismo grupo Anna Simó y Lluís Guinó. Para Ramona Barrufet, también de Junts pel Sí, la fiscalía solicitó el encarcelamiento eludible bajo fianza, mientras que no reclamó ninguna medida contra Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot,

Forcadell acata la legalidad y evita la prisión incondicional
Tras escuchar las peticiones del fiscal y celebrar una vistilla con los investigados, el magistrado rebajó considerablemente las medidas cautelares. El juez decretó prisión bajo fianza de 150.000 euros para Forcadell, quien, según fuentes del Supremo, fue conducida anoche a la cárcel de Alcalá Meco (Madrid). La presidenta del Parlament podrá salir cuando pague la fianza, pero deberá entregar su pasaporte antes de las 14.00 de hoy, no tendrá permitido viajar fuera de España y deberá comparecer semanalmente en un juzgado. Corominas, Simó, Guinó y Barrufet quedan en libertad, pero deberán abonar una fianza de 25.000 euros en una semana y serán sometidos al resto de medidas cautelares impuestas a Forcadell. Nuet quedó en libertad incondicional.

El encarcelamiento bajo fianza de Forcadell se debe al papel “medular” que el juez le atribuye a lo largo del proceso separatista, así como por la “intensa repercusión” de su liderazgo a favor del secesionismo, primero desde la presidencia de la ANC y luego como presidenta del Parlament. Pero, pese a ese papel fundamental, el magistrado considera que no se cumplen los riesgos de reiteración delictiva y fuga en los que el fiscal había basado su petición de prisión incondicional.

Durante la vistilla, y cuando ya conocían las duras medidas que quería imponerles la fiscalía, los investigados se comprometieron a acatar la legalidad. Barrufet dijo directamente que dejaría la política; los demás mostraron su intención de seguir ejerciéndola, pero precisaron que lo harían “renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”.

La causa del Superior

Llarena da inicialmente por buenos esos compromisos, y aunque les advierte en el auto de que no se le escapa que puedan ser “mendaces”, opta por imponer unas medidas cautelares más leves bajo la advertencia de que podrían endurecerse “si se evidenciara un retorno a la actividad ilegal” que se investiga.

Respecto al riesgo de fuga, el instructor considera que existe, pero no cree que sea tan elevado como afirmaba el fiscal. A su entender, el peligro de que los investigados huyan de la justicia “se difumina” porque se han presentado presentado “cuantas veces han sido citados” por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como por el propio Llarena, lo que supone “un manifestó contraste” con la actitud del expresident Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos.

El magistrado del Supremo asume el delito de rebelión que la fiscalía atribuye a los seis querellados, pero adelanta que es posible que, más que rebelión, en el procés se haya cometido un delito de sedición, con penas inferiores (hasta 15 años).

En una segunda resolución, el juez descartó imponer de momento la fianza de 6,2 millones de euros que la fiscalía reclamaba para los investigados. Esa cantidad corresponde a la que, según la investigación, se destinó en los presupuestos para financiar la consulta ilegal del 1 de octubre. Pero el juez considera precipitado fijar por ahora esa cantidad, que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela si ha dado por buena.

Antes empezar a tomar las declaraciones, Llarena decidió reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le remita la causa en la que investiga, por prevaricación y desobediencia, a Forcadell y a los miembros de la Mesa desde el pasado año, a raíz de tres querellas de la fiscalía por permitir que el Parlament debatiese y votara la hoja de ruta independentista y las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. De esta manera, el magistrado ha accedido a la petición de la fiscalía de acumular las causas contra los componentes del Legislativo autónomo.

Publicado ayer en el diario español El País

La presidenta en funciones del Parlament, Carme Forcadell, ha salido de la prisión madrileña de Alcalá Meco sobre las 14.10 tras pagar la fianza de 150.000 euros impuesta anoche por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Forcadell ha abandonado el centro penitenciario sin hacer declaraciones y en su coche oficial, un Audi plateado con los cristales traseros tintados, en el que le acompañaban otras dos personas además del conductor, seguido de otro vehículo de escolta.

Alrededor de la 14.00, su coche oficial ha accedido dentro del recinto, concretamente al módulo de mujeres en el que Forcadell ha pasado la noche, y la ha recogido para, desde allí, trasladarla a Barcelona. Esta mañana su abogado, Andreu Van Der Eynde, acudió sobre las 11.30 a la prisión después de pasar por el Tribunal Supremo y permaneció allí durante unas dos horas.

Previamente, depositó la fianza en el Supremo, tras lo que el juez Pablo Llarena notificó el auto de libertad de Forcadell, en el que admite y declara bastante la fianza constituida por cuantía de 150.000 euros. Un funcionario del Tribunal Supremo se trasladó a la prisión de Alcalá Meco para hacerle el requerimiento de las medidas cautelares: comparecencias semanales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o ante el juzgado de su conveniencia, y ante el Tribunal Supremo siempre que sea llamada, prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada de pasaporte, que ya ha sido entregado por el abogado de Forcadell en el Tribunal Supremo. En el auto del juez, se advierte a la presidenta del Parlament que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará su inmediato ingreso en prisión.

La ANC ya había anunciado que cubriría la fianza tanto de Forcadell como de los exmiembros de la Mesa del Parlament, que asciende a 250.000 euros. "La caja de solidaridad cubrirá las fianzas de los miembros de la Mesa del Parlament. ¡No estáis solos! Libertad", ha afirmado vía Twitter tras saberse la decisión del juez. En otro tuit, añade: "La presidenta del Parlament de Catalunya dormirá en la cárcel. ¿Su crimen? Cumplir el mandato del pueblo. Libertad".

El abogado de la presidenta del Parlament, Andreu Van den Eynde, ya dijo anoche que confiaba en reunir esta misma mañana el monto de la prisión y que se encontraba bien y "fuerte". Van den Eynde ha dicho que, una vez sea puesta en libertad, analizarán el auto para evaluar la "diferencia de trato" con el resto de investigados de la Mesa del Parlament.

La presidenta del Parlament llegó ayer a Alcalá Meco alrededor de la medianoche en un turismo de color gris escoltado por un furgón de la Guardia Civil y ha permanecido casi 15  horas en la cárcel, donde siguen las exconselleras Dolors Bassa y Meritxell Borràs.